Ambientalistas advierten a Cristina sobre el proyecto en el Arroyo Ayuí

Denuncian irregularidades cometidas por el Ejecutivo correntino y señalan las implicaciones a escala internacional. Aníbal Fernández dijo que un equipo trabaja en el tema y admitió: “Estamos preocupados con lo que estamos viendo.” Enrique Lacour, presidente de la Fundación Reserva del Iberá, envió ayer una carta a la presidenta Cristina Fernández para denunciar el polémico proyecto arrocero que impulsan en el departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, el vicepresidente del Grupo Clarín y el magnate George Soros, de origen húngaro.En la misiva, que involucra también al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al canciller Héctor Timerman −debido a las posibles consecuencias que el emprendimiento podría tener a escala internacional− y al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, Lacour realiza “un urgente pedido de atención para tomar las medidas del caso”.La represa que las empresas Copra, cuyo titular es José Aranda, y Adeco Agro, de Soros, pretenden levantar inundará una superficie de 8000 hectáreas, que servirá para irrigar luego 18 mil hectáreas de arrozales.Para que Aranda y Soros puedan concretar este polémico proyecto el gobierno de Arturo Colombi firmó un decreto el 9 de diciembre pasado, horas antes de dejar el poder, habilitando a los dos empresarios a desforestar un área protegida. La justicia declaró inconstitucional el decreto y pocos meses más tarde, a instancias del nuevo gobernador, Ricardo Colombi, la Legislatura correntina aprobó una ley de ordenamiento territorial de bosques, cuyo texto es una copia exacta del decreto anulado.Lacour aseguró: “Desde el año 2005 venimos denunciando públicamente los intentos de realizar una Represa sobre el Arroyo Ayuí Grande, a cargo de las empresas Copra y Adeco Agro (en su momento, Pilagá SA) cuya aprobación sumaría graves fallas jurídicas y administrativas.”A pesar de ello, “sigue adelante y las autoridades provinciales parecen dispuestas a conceder los permisos del caso en favor de estas empresas”, indica el texto.“Estimamos pertinente la intervención de la Nación, aun cuando este proyecto se enmarque en el ámbito de una provincia en particular”, porque “para lograr su aprobación, la provincia de Corrientes condujo un tratamiento viciado de cumplimiento de lo ordenado en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos” señaló Lacour.En tanto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se refirió al polémico emprendimiento y aseguró: “Es un tema que estamos estudiando y estamos preocupados con lo que estamos viendo.”Fernández indicó que “el gobierno nacional tiene la sensación de que (la proyectada represa) impacta severamente en el ecosistema y que además tiene que ver con complicaciones en el Tratado del Río Uruguay”, firmado por la Argentina y Uruguay, por ello, aclaró: “Tenemos todo un equipo trabajando en este tema.”Las posibles repercusionies internacionales del proyecto del vicepresidente del Grupo Clarín quedó de manifiesto también en la carta que la Fundación Reserva del Iberá envió a la presidenta.En este sentido, el texto advierte sobre “las implicancias que podría generar el impacto del proyecto productivo Ayuí Grande sobre el Río Uruguay, que es un curso compartido con la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay”.De hecho, Eduardo Galantini −intendente de Monte Caseros, la localidad ubicada junto en la desembocadura del Río Miriñay en el Río Uruguay− preparó una ordenanza que presentará hoy, en la que no sólo denuncia el impacto negativo tanto ambiental como social que significa el emprendimiento de Aranda y Soros, sino que buscará involucrar a la Comisión Administradora del Río Uruguay en el conflicto.Galantini aseguró que el proyecto arrocero aportará grandes cantidades de agroquímicios al Miriñay, en primer término, y luego al Río Uruguay.
Publicado el 18 de Agosto de 2010 en Tiempo Argentino