El Observatorio del Agua de la Universidad de Rosario realizó una presentación en el Ejecutivo provincial, tras una declaración del titular de la CGT San Lorenzo, que advertía sobre el millonario negocio. Ni siquiera fueron citados. Según la denuncia, las empresas agroexportadoras de la zona estarían percibiendo “4 millones de dólares anuales, sólo por la venta de agua a los buques que operan en los muelles locales”.
Por Damián Pussetto de Tiempo Argentino
El titular de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, quien le puso palabras a un secreto a voces que muchos conocían en la provincia de Santa Fe. El sindicalista dijo públicamente que las empresas agroexportadoras de la zona estarían percibiendo “4 millones de dólares anuales, sólo por la venta de agua a los buques que operan en los muelles locales”. Sin embargo, tamaña denuncia no sólo no impulsó al Estado provincial a investigar, sino que este tampoco lo hizo tras la presentación que realizó el Observatorio del Agua de la Universidad de Rosario el 4 de febrero.
Desde entonces, el director de la cátedra libre, Aníbal Fascendini, y el grupo que la compone, esperan que los reciba el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, arquitecto Antonio Roberto Ciancio.
“Todavía nos genera incertidumbre la respuesta a la nota que presentamos. Nos preocupa e irrita, además, porque el ministro telefónicamente nos aseguró que iba a reunirse con nosotros y esto no pasó”, dice Fascendini a Tiempo Argentino.
Concretamente, lo que hicieron fue presentarse en el ministerio con fotocopias de las declaraciones del gremialista para pedir que se abriera una investigación. “Lo que nos motivó, desde la seriedad que corresponde, es plantear que el Estado, a través de la Ley 13.036, tiene la obligación de investigar. Lo que estamos pidiendo al gobierno provincial es que confirme o desestime esta denuncia, porque podrían estar vulnerándose leyes. Existe una apropiación indebida de dominio público, y se está violando un derecho humano, porque el agua no se puede vender”, agregó.
El artículo 1 de la norma invocada prohíbe “la comercialización de agua dulce o potable a granel y sin tratamiento o proceso de ningún tipo del dominio originario de la provincia, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que implique directa o indirectamente su exportación”.
Cierto es que, al margen de los dichos de Quiroga, en la zona se da crédito a la posibilidad de certeza sobre su acusación. Aunque no están probadas las transacciones, la venta sería para consumo y equilibrio de las bodegas de buques con líquidos.
En la misma sintonía que el Observatorio se expresó el presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Alberto Muñoz, quien agregó que “no es la primera vez que se denuncia algo similar y creo que es necesario investigarlo. La verdad es que no sabemos si es una venta a granel o para consumo en navíos, lo que está permitido por la Ley 11.220. El gobierno debería fiscalizar porque el agua puede ser un negocio y siempre hay más de un pícaro para aprovecharlo.”
Pero aun con esa opinión de peso, en la Universidad de Rosario aguardan respuesta y hasta casi deben ensayar explicaciones ellos, que únicamente alertaron sobre el asunto.
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