Uno de los puntos más oscuros que dio luz verde a la construcción de la represa Ayuí Grande fue la sanción de ley provincial de ordenamiento de bosques en junio de este año. La polémica se desató cuando se comprobó la omisión de un párrafo sustancial del informe realizado por el Instituto de Botánica del Nordeste, que advertía sobre la preservación de áreas de reservas provinciales y nacionales. Este es el párrafo que borraron: “proponemos se consideren con valor de conservación rojo los sitios que se listan en el Anexo I y los bosques que se encuentran en las áreas de reservas provinciales y nacionales”.
Es que la zona omitida, la del espinal, es estratégica: justo allí Aranda y Soros quieren construir la represa. “Esa supresión podría configurar una falsedad documental cuya investigación pongo a consideración del señor fiscal”, sostuvo la legisladora María Inés Fagetti en la denuncia penal presentada ante el fiscal Buenaventura Duarte.
El propio fiscal reconoció que “deberían haber aclarado por qué no transcribieron ese párrafo, es decir, tenían la obligación de fundamentar por qué omitieron las objeciones que planteaba el informe”.
La acusación recae sobre los funcionarios del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales que presentaron el informe ante la Cámara de Diputados el 3 de junio de 2010. Se los investiga por presunta falsificación ideológica de documentos privados, para la que se prevén de dos a seis años de prisión, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuya pena va de un mes a dos años de prisión.
El informe manipulado lleva la firma de la licenciada Sara Tressens y del ingeniero agrónomo Ricardo Vanni, ambos integrantes del Instituto de Botánica del Nordeste, prestigioso centro de estudios vinculado con el CONICET.
Publicado en Tiempo Argentino, el 12 de Septiembre de 2010
El propio fiscal reconoció que “deberían haber aclarado por qué no transcribieron ese párrafo, es decir, tenían la obligación de fundamentar por qué omitieron las objeciones que planteaba el informe”.
La acusación recae sobre los funcionarios del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales que presentaron el informe ante la Cámara de Diputados el 3 de junio de 2010. Se los investiga por presunta falsificación ideológica de documentos privados, para la que se prevén de dos a seis años de prisión, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuya pena va de un mes a dos años de prisión.
El informe manipulado lleva la firma de la licenciada Sara Tressens y del ingeniero agrónomo Ricardo Vanni, ambos integrantes del Instituto de Botánica del Nordeste, prestigioso centro de estudios vinculado con el CONICET.
Publicado en Tiempo Argentino, el 12 de Septiembre de 2010
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