El fiscal general De Luca pidió que el máximo tribunal
resuelva si los vejámenes que sufrieron los soldados durante la guerra deben
ser considerados delitos de lesa humanidad. Hay más de cien denuncias contra
oficiales.
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Por Laura Vales de
Página 12
El fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal,
Javier De Luca, pidió que la Corte Suprema de Justicia resuelva si las torturas
y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos durante la guerra de Malvinas
de parte de sus superiores deben ser considerados delitos de lesa humanidad o
crímenes de guerra, es decir, imprescriptibles. La causa judicial contiene
cerca de cien denuncias contra oficiales de las Fuerzas Armadas, pero la
investigación quedó paralizada porque la Cámara de Casación sostuvo que los
delitos habían prescripto.
El expediente fue abierto en el año 2007 en el juzgado
federal de Río Grande, de Tierra del Fuego. La denuncia inicial consistió en 23
testimonios de soldados reunidos por el entonces secretario de Derechos Humanos
de Corrientes, Pedro Vassel. Cuando el tema trascendió, otros se animaron a
denunciar. El expediente tiene actualmente cerca de cien acusados.
Los hechos que los soldados denunciaron fueron
estaqueamientos, muertes por hambre e incluso un asesinato. “No hay que olvidar
que a Malvinas fueron cientos de represores, muchos de ellos hoy están
condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos. Lo que hicieron
en los centros clandestinos lo llevaron a la guerra: en todas las unidades
militares que estuvieron en Malvinas, ya sea del Ejército, la Marina o la
Fuerza Aérea, hay por lo menos uno de estos hechos denunciados”, señaló ayer a
Página/12 Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La
Plata, querellantes en la causa.
La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, sostuvo que
las denuncias relataban delitos de lesa humanidad y abrió la investigación. Los
militares apelaron. Por un recurso de uno de los acusados, Jorge Taranto, el
caso fue a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La cámara opinó,
como la jueza, que se trataba de delitos de lesa humanidad, luego los
defensores llevaron el caso a la Cámara de Casación, donde consiguieron frenar
el avance de la causa, ya que los camaristas sostuvieron que los delitos habían
prescripto. Así intervino De Luca, el fiscal de ese fuero.
En el recurso de queja ante la Corte que De Luca presentó
ayer planteó sus argumentos para que el máximo tribunal estudie el caso y
siente una posición. “Existe un interés institucional indiscutible en que la
Corte Suprema decida de una vez y para siempre si este tipo de delitos
constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras serias
violaciones a los derechos humanos por funcionarios públicos actuando en su
función de tales y nada menos que en el marco de la guerra de Malvinas”, señaló
en su escrito.
El fiscal, como los querellantes, había presentado el año
pasado un recurso extraordinario contra la decisión de Casación de considerar
prescriptos los delitos, pero Casación lo rechazó. Por esto ahora fue en queja
al máximo tribunal. La Corte Suprema deberá decidir si abre la queja y se
expide sobre el tema o la rechaza y deja firme lo resuelto en Casación.
Para el fiscal, es necesario que el máximo tribunal abra el
caso. “Si llegara a tratarse de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra,
ninguna disposición del derecho o acto de autoridad local podría impedir el
camino hacia el descubrimiento, enjuiciamiento y responsabilidad de los
autores”, remarcó. Desde el Centro de Ex Combatientes de La Plata, Alonso
agregó que “el derecho a conocer la verdad y a que la Justicia investigue estos
hechos aberrantes no es sólo un derecho de las víctimas, sino de toda la
sociedad”.
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