Tras los primeros informes sobre irregularidades en el tratamiento de residuos en la pastera UPM (ex Botnia), el presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, ratificó las denuncias sobre la dilución de efluentes contaminantes por parte de la papelera, algo prohibido por la ley uruguaya.
“Nuestra función es la de proponer a la delegación uruguaya que la CARU le comunique al gobierno de Uruguay que se está violando la normativa de ese país al diluir los efluentes”, comentó el funcionario.
El ex intendente de la localidad entrerriana de Concordia explicó que “lo que están haciendo no es ningún misterio, le están agregando agua” a los efluentes de la papelera, ubicada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a pocos kilómetros de la Gualeguaychú, y agregó que la denuncia fue respaldada por “fotografías de los caños”.
En una primera visita de científicos argentinos y uruguayos a la planta UPM (ex Botnia), los especialistas presentaron un informe ante la CARU donde denunciaron que la pastera está diluyendo los efluentes que salen al Río Uruguay, una actividad que no está permitida por la normativa uruguaya. También advirtieron sobre la intención de UPM para que el líquido cloacal de la ciudad de Fray Bentos sea tratado por la empresa en forma conjunta con sus desechos industriales y luego volcado al río.
Ante esta situación, la delegación argentina en la CARU, con la firma de Orduna, expresó “su profunda preocupación frente a la grave constatación”. Si bien desde la delegación uruguaya le habían restado importancia a la denuncia argentina y habían considerado que la situación “no es tan grave”, medios de ese país informaron que el viernes pasado la Dirección Nacional de Medio Ambiente pidió a la pastera que dejara de mezclar sus efluentes industriales con agua y que adecue su sistema para que los desechos líquidos que salgan de la planta no superen los 30º de temperatura.
La instalación de Botnia en la orilla oriental del Río Uruguay, que se puso en funcionamiento en 2007, generó un conflicto binacional entre los gobiernos de la Argentina y Uruguay que culminó con una denuncia del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el incumplimiento del tratado del Río Uruguay.
Orduna recordó que en el fallo de la CIJ del 20 de abril de 2010, “la Corte no dijo que Botnia no contamina sino que ‘no se convencieron con las pruebas aportadas’ y entiende que lo que hay que hacer es controlar, de manera conjunta, más allá de reconocer que algunos casos están por encima de los estándares permitidos”.
En este sentido, el ex intendente de Concordia indicó que “todo establecimiento industrial contamina, pretender que no lo haga es irracional”, y señaló que la tarea de la delegación argentina y de la uruguaya en la CARU es trabajar en conjunto para “determinar si lo que contamina está por encima de los niveles permitidos”, ya que según los estándares de la ONU, las fábricas de pasta celulosa están entre las cuatro industrias más contaminantes.
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