Para los abogados de los Noble una extracción de sangre es tortura

Los representantes de Marcela y Felipe reiteraron la negativa de los jóvenes a someterse a nuevas pruebas de ADN. Acusaron a la jueza Arroyo Salgado de dañar su salud y su psiquis. La Cámara Federal de San Martín decidirá en cinco días. Un paso más en la causa que investiga la verdadera identidad de los herederos de la dueña de Clarín.

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En cinco días hábiles, como máximo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín deberá decidir si confirma o rechaza la extracción de sangre, saliva o cabello a Felipe y Marcela Noble Herrera, una medida que ordenó en diciembre pasado la jueza Sandra Arroyo Salgado pero fue frenada por una apelación oportuna de los abogados que representan a los jóvenes.

Los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga escucharon ayer a partir de las 11 de la mañana las exposiciones de las partes. Primero fue el turno de los abogados de Felipe y Marcela, Alejandro Carrió y Roxana Piña, mientras que Julio Anzorreguy, quien firmó la apelación, estuvo presente pero no hizo uso de la palabra.

En representación de Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron los abogados Alan Iud y Mariano Gaitán. Ambos se sentaron al lado de la titular de la asociación, Estela de Carlotto (ver aparte), mientras que Alcira Ríos representó a la querella de las familias García Gualdero y Lanouscou Miranda.

Como lo hicieron durante la apelación, Piña y Carrió reiteraron la negativa de los jóvenes Noble Herrera de someterse a un análisis de ADN. “Consideramos inconstitucional e inválida la decisión de la jueza”, sostuvo Carrió en su exposición. El discurso del abogado había comenzado con la advertencia de que continuarán hasta la Corte Suprema de Justicia si la Cámara no da curso a su presentación.

Los abogados de Felipe y Marcela plantearon sus quejas sobre la decisión de Arroyo Salgado, pero también cuestionaron la constitucionalidad del artículo 218 bis del Código Procesal Penal, que regula la extracción de ADN en estos casos.

Además, indicaron que las medidas dispuestas por la jueza produjeron un gran perjuicio a Felipe y Marcela. “Consideramos que todo lo dispuesto por la magistrada viola los derechos de las víctimas a la integridad física, a la salud psíquica y física. En la causa existen pruebas concretas del deterioro psíquico y físico de Marcela y Felipe”, concluyó Carrió.

La respuesta de Abuelas a los dichos de los letrados del Grupo Clarín comenzó con una aclaración. “Quiero remarcar que la medida de la jueza es análoga a una dictada por el juez Conrado Bergesio, en la que ordenó una nueva extracción de sangre. Esa orden no fue apelada y deberían haber explicado qué diferencia hay con aquel fallo”, indicó Iud.

El abogado aseguró que el recurso les parece “infundado”: “Plantean que la medida afecta su dignidad y la comparan con la tortura, el trato humillante y degradante. Sin embargo, hace menos de dos años se sometieron a una extracción voluntaria de sangre”, finalizó. Por su parte, Mariano Gaitán se abocó a contestar las cuestiones de inconstitucionalidad del artículo 218 bis y los antecedentes de la Corte Suprema. Consideró que el artículo garantiza la integridad física de las víctimas y coincide con la Corte en agotar los métodos alternativos antes de realizar una extracción compulsiva y agregó: “Es insostenible que una pequeña punción o muestra de saliva sea una agresión física.”

La última en hacer uso de la palabra fue la abogada Alcira Ríos. “Después de nueve años discutimos una medida de prueba con los mismos argumentos que se vienen utilizando para demorar la causa”, arrancó la letrada, quien comparte la querella con Pablo Llonto. Ríos rechazó los dichos por los abogados de los Noble Herrera con duros términos: “El argumento es que se puede producir un gran daño psicológico a los jóvenes con la extracción de sangre. Pero el daño se produjo cuando al momento de su nacimiento les cambiaron su identidad e historia. La verdad no daña a nadie y las víctimas necesitan la verdad, porque nadie puede vivir sin saber quien es”, opinó la abogada.

“La falsedad de su entorno ya se probó, la supresión de identidad también. No hay que seguir dilatando el objeto procesal de esta causa porque se demora el derecho de todos nosotros de conocer la verdad y así la imputada sigue imputada y no puede ser procesada”, finalizó Ríos, quien le reclamó a la Cámara que no haga lugar al recurso y se le ordene a la jueza Arroyo Salgado que arbitre los medios necesarios para obtener la prueba.

Durante la hora y media que duró al reunión, la única pregunta que realizaron los camaristas fue dirigida a los abogados de los jóvenes. El juez Gurruchaga les preguntó a los abogados de los jóvenes si existe en el expediente una muestra biológica para arrojar un resultado indubitable. “La pregunta nos excede. Fue la jueza la que argumentó que no existen pruebas indubitables. Yo no podría darle esa respuesta”, contestó Carrió.

Pasado el mediodía, la Sala II dio por finalizada la audiencia y anunció que informará la decisión a las partes en los cinco días que establece el artículo 455 del Código Penal para deliberar.

Al igual que el pronunciamiento de Alcira Ríos, desde Abuelas esperan que el fallo aparezca acompañado de una orden para realizar de manera “inmediata” la extracción de sangre. Los antecedentes acompañan esta postura. El 26 de diciembre de 2010, la misma Cámara ordenó a la jueza Bergesio ejecutar un análisis de forma inmediata sin esperar los recursos de Casación y la Corte.