El presidente José Mujica aseguró que promulgará la norma antes del próximo martes, fecha en la que prescribirían los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), según lo había determinado la Corte Suprema. El gobernante Frente Amplio, sancionó ayer una Ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.
Ayer el gobernante Frente Amplio sancionó una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad en el vecino país uruguayo. La nueva norma asfixia la llamada Ley de Caducidad, que amnistió a los militares y policías del último régimen militar. El propio presidente José Mujica dijo que promulgará la nueva ley antes del 1º de noviembre y que la Corte Suprema tendrá la última palabra en los casos que se denuncien a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
El oficialismo votó unido el proyecto en la madrugada de ayer, haciendo uso de su mayoría parlamentaria. Un frente que no evidenció fisuras. El presidente evitó opinar sobre la vigencia de la Ley de Caducidad. Y como era de esperar, la oposición blanca y colorada sacó a relucir los dos plebiscitos que ratificaron la amnistía en 1989 y 2009 para dejar todo como está con el pasado. Este paso de baile de los frenteamplistas se lució, muy distinto al torpe movimiento de mayo. Entonces, Mujica había expresado su discrepancia con los legisladores. “Votar el proyecto es aparecer ante el pueblo como pasándole por arriba a dos plebiscitos”, había dicho. Y un par de legisladores oficialistas díscolos terminó por votar en contra.
La norma aprobada ayer brinda un mayor respaldo jurídico a los denunciantes para hacer sus planteos. La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 por la organización Crysol a la jueza Mariana Mota por un grupo de ex presos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas, entre ellas Waldemar Tarocco, ex preso e integrante de Crysol. Antiguo militante de la guerrilla MLN-Tupamaros, Tarocco conversó con Página/12 sobre los alcances de la nueva ley. “Todo lo que sea avanzar para tratar de anular la Ley de Caducidad es bienvenido. El problema es los integrantes de la Corte Suprema se recibieron y trabajaron durante la dictadura. El sistema judicial nunca se tocó en Uruguay. Sólo el juez Leslie van Rompaey plantea juzgar a los delitos como de lesa humanidad, y encima a fin de año pasa a retiro. Las organizaciones de derechos humanos estamos expectantes para ver qué actitud tomarán los jueces y los fiscales.”
Tarocco contó que días atrás sus compañeros presentaron una nueva acción por torturas en el Batallón Nº 6 de Caballería, y que los próximos días también acercarán una denuncia por ese delito en el establecimiento de reclusión de La Tablada y otra por la “Operación Morgan”, que implicó la persecución a dirigentes comunistas en 1985.
A su vez, un grupo de 28 ex presas políticas presentarán una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas. La acusación apunta a oficiales, personal subalterno y médicos y enfermeros del Hospital Militar. Asimismo pondrán en conocimiento de la Justicia los ataques sexuales sufridos en al menos otros seis centros de reclusión.
Por Mercedes López San Miguel para Página 12
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