La denuncia del defensor del Pueblo de la Nación echa luz sobre la maniobra a través de la cual el inversor inglés Joe Lewis accedió a tierras vedadas por estar en zona de seguridad. Un antecedente para el debate de la nueva ley de tierras. La historia de la venta de Lago Escondido en favor del inglés Joe Lewis, una propiedad de más de 11.000 hectáreas en Río Negro, encubre un entramado legal que le habría permitido a su actual propietario sortear una ley que restringe que las tierras ubicadas en zona de seguridad de frontera sean vendidas a extranjeros.
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Por Sebastián Premici
Así lo determinó un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación al que tuvo acceso Página/12. Según este trabajo, que fue enviado a la Auditoría General de la Nación y a la Corte Suprema de la provincia, la operatoria incluyó la creación de una sociedad jurídica conformada por accionistas locales que fue traspasada a Lewis antes de que el Estado nacional otorgara el permiso para comprar.
Este caso podría ser un insumo más del debate que se dará en el Congreso de la Nación relacionado al proyecto para regular la propiedad de la tierra en manos extranjeras, enviado por el Ejecutivo. La iniciativa establece límites y una tipificación precisa de las personas físicas y jurídicas que deberán estar comprendidas por la normativa, cuyo objetivo es preservar un recurso no renovable.
Según se desprende de la información catastral de la provincia de Río Negro, los distritos de Bariloche y El Bolsón suman en total 510.000 hectáreas, de las cuales el 35 por ciento está en manos de extranjeros. En el caso puntual de Bariloche, ese porcentaje llega al 50 por ciento (118.000 hectáreas).
Las llamadas “Zonas de Seguridad” son las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley original prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de previa conformidad ante el Ministerio del Interior, donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. Para la Defensoría del Pueblo, la adquisición del predio de Lago Escondido resultó “irregular”, algo que podría “encuadrar en figuras penales”, tal como se explícita en las conclusiones del trabajo.
¿Cómo fue la operatoria? El 17 de junio de 1994 se constituyó la empresa Properties Buenos Aires, con asiento legal en la Capital Federal. Dicha compañía suscribió 12.000 acciones y estaba integrada por Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende. En su carácter de presidente de Properties S. A., solicitó durante los primeros meses de 1996 el pedido de previa conformidad para adquirir un predio de 8063 hectáreas.
La autorización fue otorgada por el director de la Unidad de Proyectos de Radicación el 2 de julio de 1996, a nombre de Properties. Sin embargo, en el registro de la propiedad inmueble de la provincia, la escritura de esa propiedad quedó inscripta bajo la sociedad Hidden Lake S. A., con fecha 30 de agosto de 1996. Según determinó la Defensoría, el cambio estatutario ocurrió en mayo de ese año, es decir, dos meses antes de que se autorizara la venta a Properties.
Según la Inspección General de Justicia, Hidden Lake había quedado conformada por Lago Corp, empresa cuya existencia no figura en la IGJ, ni se tiene registro en Bariloche. Sin embargo, la Defensoría determinó que estaba representada por Rovira. Y el segundo integrante, con una sola acción, era Lewis. Así se dio el ingreso de este empresario británico.
“La fecha en que aparece Lewis en escena y la fecha en que se firmó la escritura de compraventa permitiría determinar que hubo irregularidades en el trámite. Si se demuestra que el Estado estaba al tanto de esta situación, la Justicia podría declarar nula toda la operatoria”, afirmó a Página/12 un funcionario de la Defensoría. Por eso uno de los destinatarios del informe fue el titular de la Corte rionegrina, Víctor Sodero Nievas.
La Defensoría encontró una operatoria similar con un campo aledaño a la primera compra, de 2725 hectáreas. La autorización final para ambas compras la hizo el brigadier retirado Andrés Antonietti, un funcionario emblema de la década menemista. “Si se descubre que hubo mala fe en la operatoria, podría anularse”, agregó a este diario el abogado constitucionalista Gustavo Arballo. Desde la empresa indicaron a este diario que “toda la información referida a la compra de Lago Escondido fue presentada ante los órganos competentes”.
Este caso puede resultar emblemático a la hora de discutir el proyecto de ley que pretende regular la posesión de tierras en manos extranjeras. Más allá del límite físico que se establezca (hasta un 20 por ciento del total del territorio como norma general y 1000 hectáreas en zona núcleo para una única persona), la determinación de la nacionalidad de una sociedad quizá sea uno de los aspectos más complejos.
Para evitar operatorias como las de Lago Escondido, el texto del proyecto abarca la mayor cantidad de figuras societarias posibles: sociedades anónimas, sociedades de derechos reales constituidas en el exterior, fideicomisos, UTE, fondos de inversión, etc. También están comprendidas las personas jurídicas que se encuentren en posición de vinculadas o controladas por cualquier forma societaria o cooperativa extranjera. Y aquellas personas físicas o jurídicas que sin acreditar formalmente calidad de socios, actúan en una sociedad como si lo fueran.
El proyecto de ley espera su tratamiento en las comisiones de Agricultura y Legislación General de la Cámara de Diputados.
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