El norteamericano ratificó sus deseos de que el Iberá sea un parque nacional. ¿Por qué no uno provincial? Negó poseer explotaciones forestales y dijo que le dan a él “más crédito” del que tiene. Su disposición a donar 150.000 hectáreas de su propiedad para ese fin, aunque dice que lo hará cuando la Provincia y la Nación se pongan de acuerdo.
El empresario norteamericano Douglas Tompkins confirmó sus deseos de que el Iberá sea un parque nacional y su disposición a donar 150.000 hectáreas de su propiedad para ese fin, aunque dice que lo hará cuando la Provincia y la Nación se pongan de acuerdo. Estas afirmaciones las hizo en un mail dirigido al director de La República y en el que dio su versión de la noticia que ganó los medios el pasado fin de semana por intermedio de la agencia noticiosa oficial.
Tompkins, en su mail, rechaza la posibilidad de que tenga que pedir permiso a la Provincia para donar a la Nación tierras de su propiedad que están dentro de la reserva, y asegura que sus “intenciones concretas” son “donar la totalidad de nuestras tierras de conservación en la cuenca del Iberá. Esto es: que es una decisión conjunta de la Provincia y la Nación el considerar si la creación de un parque nacional en el interior del Iberá sirve o no en beneficio de la sociedad en general. Una vez que se haya tomado dicha decisión, nuestra fundación –que ha adquirido una extensión importante de tierras en el Iberá durante los pasados 14 años– estará encantada de donar estas tierras para contribuir a este propósito”.
El empresario asegura que, “más allá de esto, no tenemos ni hemos tenido nunca otras intenciones en la región. Es así de simple”. Tompkins negó también que él o su mujer, Kris, posean “decenas de miles de hectáreas en las tierras altas del Iberá para dedicarlas a la industria forestal. Eso es un dato irrebatible que cualquiera puede constatar en la información pública del catastro de la Provincia. Actualmente, solo poseemos a título personal una estancia dedicada a la producción ganadera, la estancia El Tránsito, propiedad de El Tránsito SA”, dice.
Admite, además, poseer “el resto de las tierras que manejamos en la cuenca del Iberá –las cuales incluyen tierras altas de alto valor ecológico, que son aledañas y vienen a completar las áreas inundables del Parque Provincial– son propiedad de nuestra fundación (CLT), y estas solo pueden ser –y son– usadas para actividades de conservación de la naturaleza”.
Entiende el empresario que “lo único que la clase política debe saber es que nuestra fundación está dispuesta a esperar el momento en que la Provincia y la Nación lleguen a un acuerdo sobre la posible creación de un parque nacional en el interior del Iberá, el cual incluya las tierras públicas provinciales y las de CLT. Mientras tanto, seguiremos apoyando la idea de que Corrientes merece contener el mayor parque nacional de la Argentina y gozar de los beneficios que dicho parque traería, tal y como ha sucedido con Iguazú, en la vecina provincia de Misiones; Nahuel Huapi, en Río Negro, o Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, para nombrar solo tres de los 40 parques nacionales del resto de Argentina. Fuera de esto, nuestra fundación tiene cero poder dentro de la arena política provincial o nacional”, dice el empresario, para quien se le ha concedido “más crédito del que realmente merecemos”.
¿Por qué con la Nación?
Lo que no explica Tompkins en su carta es por qué negocia con la Nación la formación de un parque nacional en el Iberá sin haberse sentado primero a hablar con las autoridades provinciales, que es por donde se debería empezar, teniendo en cuenta que se trata de territorio correntino y un patrimonio natural que los correntinos defendieron y reivindicaron desde hace décadas ante la absoluta indiferencia de los gobiernos nacionales, inclusive el actual.
Por otra parte, la Provincia ha realizado, en el último año y medio, importantes inversiones dentro de la reserva no solo para su conservación sino además para su protección y desarrollo turístico. La pregunta que cabe hacerse entonces es ¿cual es el objetivo de que sea un parque nacional y no uno provincial? ¿Qué se esconde detrás de la intención de dejar el Iberá en manos del Gobierno nacional? ¿O acaso Tompkins cree que por ser un parque nacional atraerá a más turistas que si es un parque provincial? o ¿considera que la Provincia no está en condiciones de sostener un parque que incluya, además de las tierras fiscales, las 150.000 que él posee?
Podría decirse que la decisión de Tompkins de abrir el diálogo sobre una donación de sus tierras con el Gobierno nacional, sin siquiera notificar de ello al Gobierno provincial, es cuando menos descortés y deja, además, abiertas las puertas a demasiadas suspicacias.
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