El juez Gallardo ordenó al gobierno porteño proveer agua, alimentos y servicios sanitarios a las 1000 personas que volvieron a instalarse en el Parque Indoamericano. También allanó las sedes de la policías Federal y Metropolitana. Macri deberá compadecer a las 10:30 de mañana ante la Justicia.
El gobierno porteño deberá instalar cuarenta baños, un puesto sanitario con dos ambulancias y garantizar la provisión de agua y alimentos para las mil personas que permanecen en el predio del Parque Indoamericano, que este martes fue desalojado por la Policía Federal y la Metropolitana en un violento operativo, a pedido de la ciudad y por orden de la justicia contravencional. La disposición, que deberá cumplirse a partir de hoy, fue dispuesta anoche por el juez Roberto Andrés Gallardo, titular del segundo juzgado contencioso y administrativo de la ciudad, que también citó al jefe de gobierno Mauricio Macri para que se presente el próximo viernes a las 10:30 para que explique su intervención en el operativo que dejó dos muertos, decenas de heridos y centenares de desplazados.
Gallardo también ordenó el allanamiento de las sedes de la Federal y la Metropolitana a partir de una denuncia presentada ayer por la mañana por Diosnel Pérez, referente del Frente Darío Santillán de Villa 20, que pidió a la justicia que la comuna explique por qué desalojó con balas de plomo y no utilizó los protocolos que exige la ley en este tipo de casos. La demanda fue ampliada por un pedido de “no innovar” que sumó el defensor general de la ciudad Mario Kestelboim, que solicitó que la investigación se extendiera a la Federal.
La medida ocurrió un día siguiente del desalojo en Villa Soldati y pocas horas después de que el gobierno porteño volviera a repetir que “el operativo fue un éxito”. Sin embargo, desde ayer por la mañana, el terreno que trataron de liberar con el uso de la fuerza pública, comenzó a probar que la crisis habitacional porteña es mucho peor de lo imaginado y que su expansión puede multiplicarse, si la comuna sigue insistiendo con hacer desalojos mediáticos en nombre de la doctrina macrista que dice que “el espacio público es innegociable”.
Pero ayer por la mañana, un centenar de vecinos se encargó de limpiar el terreno, quemar sus pastizales, machetear los arbustos y correr todos los montones de basura y los baldosones que quedaron tirados luego de la represión. El regreso a los lotes fue la primera señal que demostró que el asentamiento llegó para quedarse. “El viernes esto era un yuyal, un basural, pero si venís en tres días vas a ver asentamientos precarios con la gente ya instalada y dentro en un año, estará todo construido”, contó Gabriel, un formoseño que se defendió a los cascotazos. El dato que reavivó todas las necesidades en los pasillos de los barrios más postergados de la ciudad surgió la semana pasada cuando el gobierno PRO anunció la voluntad de escriturar los terrenos de algunas villas y entregárselo a sus titulares.
Las denuncias cayeron en el juzgado de Gallardo, el mismo que ordenó a la comuna construir un hospital frente al barrio, erradicar el depósito de automóviles que está en la entrada de la villa y avanzar en su urbanización. De inmediato, convocó a una audiencia en el Colegio de Abogados de la ciudad, donde tuvieron que asistir las organizaciones involucradas en la toma, la ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal, su par Diego Santilli de Espacio Público y Omar Abboud, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Antes de las 20, el PRO buscó una negociación para evitar la comparecencia ante Gallardo. Los vecinos exigieron frenar la represión, y la provisión de agua, alimentos y puestos sanitarios, pero todo fracasó cuando un grupo de punteros del macrismo entró a la reunión. Fuentes judiciales señalan que el grupo que irrumpió en la reunión sería el mismo que el lunes atacó el obrador que tiene el Programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la autoconstrucción de 1600 viviendas en Soldati. Los muchachos tendrían relación con Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Legislatura y cercano a varios comisarios de la Federal. Entre ellos estarían los jefes del operativo, separados ayer por el ministro de Justicia Julio Alak.
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